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Entre Ríos - 03-06-2015 / 12:06
EL FISCAL FEDERAL PIDIÓ LA "FALTA DE MÉRITOS"

Se cae la acusación: Militantes anti fracking, inocentes

Se cae la acusación: Militantes anti fracking, inocentes
Organizaciones políticas, sociales y ambientalistas acompañaron a los asambleístas antifracking.
 
El fiscal Ricardo Álvarez pidió este martes la falta de mérito para los asambleístas de Concordia Facundo Scattone Moulins, Bernardo Zalisñak, Horacio De Carli y Francisco Larocca, "por no poder comprobarse que fueron ellos los que cometieron el presunto ilícito". No encontró pruebas de delitos y además cuestionó a Gendarmería.
 
La audiencia que comenzó este martes en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, fue acompañada por asambleístas de Gualeguaychú, que llegaron para apoyar el reclamo de los concordienses y otras organizaciones socioambientales.
 
Fueron cuatro de los cinco los ambientalistas que apelaron el procesamiento dictado por la Justicia Federal de Concepción del Uruguay, en febrero, por el delito de "Entorpecimiento del normal funcionamiento del Transporte Terrestre", durante una protesta contra el fracking realizada en la ruta 015, en Concordia.
 
Ahora resta conocerse la resolución de la Cámara compuesta por los magistrados Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso. La Cámara Federal de Apelaciones tiene cinco días para resolver si concede la falta de mérito a las cinco personas que impidieron la circulación de camiones vibradores por una ruta en Concordia.
 
La Opinión Popular

 
Cae la acusación contra los asambleístas antifracking
 
El fiscal Ricardo Álvarez no sostuvo la acusación "por no poder comprobarse que fueron ellos los que cometieron el presunto ilícito", que consistió, según el cargo que se les enrostraba, en haber interrumpido la circulación de camiones vibradores por una ruta nacional.
 
Así las cosas, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná podría dictar la falta de mérito de Horacio Miguel De Carli, Facundo Scattone, Bernardo Zalisñak y Francisco Larocca -Cesar Arístides Pibernus decidió no apelar su procesamiento-, tal como pidió el fiscal, o hacer caso omiso y confirmar el procesamiento dictado en febrero pasado por el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró.
 
Los asambleístas fueron procesados por el delito de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte terrestre por una ruta, que prevé penas de tres meses a 2 años de prisión, por impedir el cruce hacia la República Oriental del Uruguay de cuatro camiones vibradores, bajo el argumento de que pretendían evitar la práctica del fracking sobre el Acuífero Guaraní.
 
Ahora, los jueces Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso tienen cinco días hábiles para resolver.
 
En tanto, en la calle, organizaciones gremiales, ambientalistas, estudiantiles y partidos políticos de izquierda se manifestaron con pancartas de apoyo a los cinco imputados, en una especie de vigilia frente al edificio de tribunales.
 
 
DESPROCESAR
 
La protesta se inició el sábado 2 de agosto del año pasado, en horas de la mañana, cuando un grupo de personas impidió la circulación de los camiones pertenecientes a una empresa que realizaba trabajos de exploración de hidrocarburos por fracking (sistema de fractura hidráulica) en la República Oriental del Uruguay. Los manifestantes se mantuvieron a un costado de la ruta 015 hasta la madrugada del domingo, cuando Gendarmería reprimió a los manifestantes y detuvo a cuatro de ellos, invocando una orden judicial que ordenaba a los manifestantes que se apartaran de la banquina y permitieran a los camiones continuar con su camino.
 
El fiscal Álvarez desistió de la acusación y solicitó la falta de mérito para los cuatro asambleístas. Por un lado, se refirió a un accionar irregular de Gendarmería, que en las actas calificaban a los asambleístas procesados como "referentes, cabecillas y/o voceros" de la protesta, aunque sin un sustento probatorio.
 
Álvarez aseguró que "no se sabe cómo se los identificó como referentes, cabecillas y/o voceros a los acusados" y agregó que De Carli, Scattone, Zalisñak, Larocca y Pibernus "fueron injustamente procesados ya que hay una insuficiencia probatoria de que estas personas fueron los que cometieron el delito del que se los acusa".
 
Pero el fiscal también expuso otro argumento para solicitar la falta de mérito de los asambleístas: dijo que la protesta no implicó un corte total de la ruta sino que afectó a una empresa privada en particular.
 
"Al haber un desplazamiento consensuado hacia la banquina, no hubo entorpecimiento de los transportes en general sino de una empresa en particular. Al no existir un corte de ruta generalizado, sino un corte particularizado a cuatro camiones de una empresa privada, de las cuales dichos conductores no fueron privados ilegítimamente de su libertad, me pronuncio a favor de la falta de mérito", enfatizó Álvarez.
 
 
QUÉ DICE LA DEFENSA
 
Los defensores de los asambleístas fueron muy críticos de la investigación. Cada uno a su turno hizo una defensa de la causa ambiental, más allá de las particularidades, y hasta advirtieron que la represión y detención de los manifestantes fue ilegal.
 
Juan Carlos Ferrari, defensor de Zalisñak, asumió "la voluntad de representar a todos", por sobre los intereses individuales, dado que la protesta que sostenían los asambleístas pretendía evitar un posible daño a la comunidad. "No sólo todos tenemos el derecho a un ambiente sano, sino que tenemos la obligación y el deber de preservarlo, y esta gente nos representó a todos en su accionar", sostuvo.
 
En el mismo sentido, Guillermo Grandi, que defiende a Larocca y De Carli, sostuvo que el fallo del juez Seró, "en lugar de aportar herramientas para comprender y solucionar un problema, reprime".
 
Osvaldo Fernández, co-defensor, planteó la nulidad del procesamiento, dijo que Gendarmería actuó sin una orden escrita al detener a los asambleístas y aseguró que "hay una falta absoluta de tipicidad en cuanto al delito ni hay carga probatoria que demuestre que se puso en riesgo la paz y el orden público".
 
En tanto, Imanol Sánchez, defensor de Scattone, habló de "criminalización de la protesta social", reclamó al Poder Judicial que no persiga a quienes ejercen el derecho a reclamar por sus derechos y dijo que la figura que se les imputó a los asambleístas es de "dudosa constitucionalidad".
 
Fuente: El Diario de Paraná
 

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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

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