21:13 | Martes 01 de Julio de 2013 | Entre Ríos

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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona

Entre Ríos - 03-06-2015 / 12:06

EL FISCAL FEDERAL PIDIÓ LA "FALTA DE MÉRITOS"

Se cae la acusación: Militantes anti fracking, inocentes

$Se cae la acusación: Militantes anti fracking, inocentes$

Organizaciones políticas, sociales y ambientalistas acompañaron a los asambleístas antifracking.

El fiscal Ricardo Álvarez pidió este martes la falta de mérito para los asambleístas de Concordia Facundo Scattone Moulins, Bernardo Zalisñak, Horacio De Carli y Francisco Larocca, "por no poder comprobarse que fueron ellos los que cometieron el presunto ilícito". No encontró pruebas de delitos y además cuestionó a Gendarmería.

La audiencia que comenzó este martes en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, fue acompañada por asambleístas de Gualeguaychú, que llegaron para apoyar el reclamo de los concordienses y otras organizaciones socioambientales.

Fueron cuatro de los cinco los ambientalistas que apelaron el procesamiento dictado por la Justicia Federal de Concepción del Uruguay, en febrero, por el delito de "Entorpecimiento del normal funcionamiento del Transporte Terrestre", durante una protesta contra el fracking realizada en la ruta 015, en Concordia.

Ahora resta conocerse la resolución de la Cámara compuesta por los magistrados Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso. La Cámara Federal de Apelaciones tiene cinco días para resolver si concede la falta de mérito a las cinco personas que impidieron la circulación de camiones vibradores por una ruta en Concordia.

La Opinión Popular

Cae la acusación contra los asambleístas antifracking

El fiscal Ricardo Álvarez no sostuvo la acusación "por no poder comprobarse que fueron ellos los que cometieron el presunto ilícito", que consistió, según el cargo que se les enrostraba, en haber interrumpido la circulación de camiones vibradores por una ruta nacional.

Así las cosas, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná podría dictar la falta de mérito de Horacio Miguel De Carli, Facundo Scattone, Bernardo Zalisñak y Francisco Larocca -Cesar Arístides Pibernus decidió no apelar su procesamiento-, tal como pidió el fiscal, o hacer caso omiso y confirmar el procesamiento dictado en febrero pasado por el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró.

Los asambleístas fueron procesados por el delito de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte terrestre por una ruta, que prevé penas de tres meses a 2 años de prisión, por impedir el cruce hacia la República Oriental del Uruguay de cuatro camiones vibradores, bajo el argumento de que pretendían evitar la práctica del fracking sobre el Acuífero Guaraní.

Ahora, los jueces Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso tienen cinco días hábiles para resolver.

En tanto, en la calle, organizaciones gremiales, ambientalistas, estudiantiles y partidos políticos de izquierda se manifestaron con pancartas de apoyo a los cinco imputados, en una especie de vigilia frente al edificio de tribunales.

DESPROCESAR

La protesta se inició el sábado 2 de agosto del año pasado, en horas de la mañana, cuando un grupo de personas impidió la circulación de los camiones pertenecientes a una empresa que realizaba trabajos de exploración de hidrocarburos por fracking (sistema de fractura hidráulica) en la República Oriental del Uruguay. Los manifestantes se mantuvieron a un costado de la ruta 015 hasta la madrugada del domingo, cuando Gendarmería reprimió a los manifestantes y detuvo a cuatro de ellos, invocando una orden judicial que ordenaba a los manifestantes que se apartaran de la banquina y permitieran a los camiones continuar con su camino.

El fiscal Álvarez desistió de la acusación y solicitó la falta de mérito para los cuatro asambleístas. Por un lado, se refirió a un accionar irregular de Gendarmería, que en las actas calificaban a los asambleístas procesados como "referentes, cabecillas y/o voceros" de la protesta, aunque sin un sustento probatorio.

Álvarez aseguró que "no se sabe cómo se los identificó como referentes, cabecillas y/o voceros a los acusados" y agregó que De Carli, Scattone, Zalisñak, Larocca y Pibernus "fueron injustamente procesados ya que hay una insuficiencia probatoria de que estas personas fueron los que cometieron el delito del que se los acusa".

Pero el fiscal también expuso otro argumento para solicitar la falta de mérito de los asambleístas: dijo que la protesta no implicó un corte total de la ruta sino que afectó a una empresa privada en particular.

"Al haber un desplazamiento consensuado hacia la banquina, no hubo entorpecimiento de los transportes en general sino de una empresa en particular. Al no existir un corte de ruta generalizado, sino un corte particularizado a cuatro camiones de una empresa privada, de las cuales dichos conductores no fueron privados ilegítimamente de su libertad, me pronuncio a favor de la falta de mérito", enfatizó Álvarez.

QUÉ DICE LA DEFENSA

Los defensores de los asambleístas fueron muy críticos de la investigación. Cada uno a su turno hizo una defensa de la causa ambiental, más allá de las particularidades, y hasta advirtieron que la represión y detención de los manifestantes fue ilegal.

Juan Carlos Ferrari, defensor de Zalisñak, asumió "la voluntad de representar a todos", por sobre los intereses individuales, dado que la protesta que sostenían los asambleístas pretendía evitar un posible daño a la comunidad. "No sólo todos tenemos el derecho a un ambiente sano, sino que tenemos la obligación y el deber de preservarlo, y esta gente nos representó a todos en su accionar", sostuvo.

En el mismo sentido, Guillermo Grandi, que defiende a Larocca y De Carli, sostuvo que el fallo del juez Seró, "en lugar de aportar herramientas para comprender y solucionar un problema, reprime".

Osvaldo Fernández, co-defensor, planteó la nulidad del procesamiento, dijo que Gendarmería actuó sin una orden escrita al detener a los asambleístas y aseguró que "hay una falta absoluta de tipicidad en cuanto al delito ni hay carga probatoria que demuestre que se puso en riesgo la paz y el orden público".

En tanto, Imanol Sánchez, defensor de Scattone, habló de "criminalización de la protesta social", reclamó al Poder Judicial que no persiga a quienes ejercen el derecho a reclamar por sus derechos y dijo que la figura que se les imputó a los asambleístas es de "dudosa constitucionalidad".

Fuente: El Diario de Paraná

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Hay que pagar el medio aguinaldo, en la malaria muchos esperan con expectativa este ingreso adicional. El de 2025, según la ley, se puede abonar hasta la última jornada laboral del sexto mes del año, que coincide con el lunes 30 de junio. Cuando pasa eso, las provincias recurren al Estado Nacional. Esta vez Javier Milei solo los autorizó a endeudarse en dólares, ante la retención desde Nación de fondos que le corresponden a las provincias. Rogelio Frigerio intentará juntar de donde pueda, frente a una situación desesperante del Estado provincial. Pero, recién después de mediados de julio, el gobernador les pagará a estatales y docentes entrerrianos. La estrepitosa baja en la coparticipación federal y la caída en la capacidad de recaudación provincial, por la recesión económica, son las causas principales de este escenario. La única política que se ejecuta con todo es el ajuste, mientras se paraliza la obra pública, se frenan los giros comprometidos y se acumulan fondos internacionales sin ejecutar.

Frigerio no paga en tiempo porque no tiene plata y no la tiene porque Milei se la queda y el gobernador no reclama como corresponde. La conjura de los necios. La calamidad financiera de la provincia tiene a su autor, el Presidente, prometiendo más ajuste y al Gobernador dispuesto a apoyarlo en el Congreso, en una alianza electoral con La Libertad Avanza. El superávit fiscal del que se jacta Milei no es ningún éxito de su programa económico anarco capitalista sino el resultado del brutal ajuste que aplicó sin anestesia desde que asumió. Las provincias fueron severamente saqueadas y ahora reclaman por los recortes a los fondos coparticipables.

Los dos senadores nacionales, Stella Olalla y Alfredo de Angeli y los cuatro diputados nacionales, Atilio Benedetti, Nancy Ballejos, Marcela Antola y Francisco Morchio, que responden a Frigerio son los mismos que votan a favor del saqueo al interior federal. Sirven a las metas impuestas por el FMI y para eso el gobierno nacional pasó la aspiradora en los recursos coparticipables. Milei gobierna por decreto, pero si los legisladores se sacaran la "peluca", sus mandatos pueden caer. La tensión alcanza al PRO, la UCR y a peronistas colaboracionistas.

En Entre Ríos, la preocupación por la caída de la obra pública y la merma de fondos nacionales es tema de todos los días entre legisladores e intendentes. Incluso en distritos donde Milei obtuvo un alto caudal de votos, la paciencia comienza a agotarse frente a la falta de respuestas concretas sobre recursos que la Nación viene robando, reteniendo o subejecutando deliberadamente. El interior siente que no está en la agenda libertaria. En un país históricamente tensionado entre el centro y la periferia, la demanda de mayor equidad y protagonismo federal está en el centro del debate.

Reviviendo la histórica lucha entre unitarios y federales y reacios a las gambetas constantes de Milei, que demoran definiciones y generan incertidumbre, el lunes se reunieron gobernadores de todo arco político, en representación de las 23 provincias, para aunar sus quejas en una demanda común. Reclamaron una redistribución equitativa y no discrecional de los fondos coparticipables y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estos recursos fueron parte del ajuste que aplicó el gobierno de La Libertad Avanza desde su asunción, y que tuvo sus consecuencias en salarios, jubilaciones, presupuestos educativos y sanitarios, obra pública, políticas públicas de discapacidad, género, etc. A la vista de todo el mundo, Milei viene usando descaradamente los recursos que son de las provincias como prenda de cambio para lograr favores políticos. Ante la cobardía de Frigerio y los gobernadores, la parte del león se la sigue quedando Milei. Estos recursos son imprescindibles para sostener la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la contención social y la obra pública en las jurisdicciones del interior.

Milei logró aprobar la corrupta Ley de Bases, con votos comprados con favores personales como a Lucila Crexell del MPN o Edgardo Kueider de Unión por la Patria. Apoyado en esa nefasta Ley, Milei viene gobernando a decretazo limpio, por lo que sostener aliados, no solo dentro de la derecha del PRO y la UCR sino también dentro del PJ, le es vital para que no le volteen los decretos en el Congreso. Y mediante extorsiones presupuestarias también lograron los votos para blindar el veto presidencial al aumento a los jubilados. Ahora lo mandatarios deben unirse para obligar a Milei a repartir un billón de pesos que son de las provincias y están en manos de la Nación.

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